Burundi vota su retirada de la CPI e interrumpe su cooperación internacional, en un marco de continuos crímenes internacionales

14/10/2016
Comunicado
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(París, Bujumbura) La FIDH y su organización miembro en Burundi, ITEKA, lamentan el abrumador voto de los legisladores burundeses, el pasado 12 de octubre de 2016, en favor de la retirada de Burundi del Estatuto de la Corte Penal Internacional, al que accedió en 2004. [1]

Esta resolución, que hace de Burundi el primer Estado que se retira de la CPI, se produce tan solo dos días después de que el Gobierno anunciase que suspendería su cooperación [2]. con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en medio de las graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en el país. Nuestras organizaciones reiteran nuestro llamamiento a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para que inicie, lo antes posible, una investigación sobre la situación en Burundi con objeto de que los autores de los graves crímenes cometidos no permanezcan impunes. La Unión Africana y las Naciones Unidas deben, por su parte, desplegar una fuerza internacional capaz de poner fin a la continua escalada de violencia.

"La retirada de la Corte Penal Internacional y la expulsión de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas de Burundi es una importante escalada en la política de régimen para aislarse. Este intento de privar a la comunidad internacional de sus ojos y sus oídos en Burundi para continuar cometiendo crímenes con total impunidad sin que el mundo lo sepa, requiere una respuesta firme e inmediata por parte de la Unión Africana y las Naciones Unidas"

Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH

El 12 de octubre, la Cámara Baja de Burundi aprobó el proyecto de ley por 94 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones, preparando así el camino a Burundi para su retirada del Estatuto de la CPI. Pocas horas después, el proyecto de ley fue respaldado por unanimidad por el Senado. Se prevé que el presidente de la República lo anunciará oficialmente en los próximos días. Esta retirada solo entrará en vigor un año después de que se notifique al secretario general de las Naciones Unidas. [3]

"Burundi será el primer Estado d el mundo en retirarse de la CPI. Esta retirada, que significa una forma de admitir su culpabilidad, no afectará al examen preliminar en curso ante la corte. Teniendo en cuenta las contundentes pruebas que apuntan a los crímenes cometidos y la completa impunidad de la que gozan sus autores en el país, la Fiscalía de la CPI debería iniciar una investigación lo antes posible"

Anschaire Nikoyagize, presidente de ITEKA

En abril de 2016, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre los crímenes que son competencia de la corte y que se han cometido supuestamente en Burundi desde abril de 2015. El artículo 127 apartado 2 del Estatuto de la CPI recuerda que una retirada no exime a ese Estado de sus obligaciones y no afecta al curso del procedimiento que la CPI hubiera comenzado antes de la fecha en la que la retirada surta efecto.
Esta retirada de la CPI se produce apenas un mes después de que la Investigación Independiente de las Naciones Unidas en Burundi (UNIIB) [4] haya difundido su informe, que indica que "se han cometido y se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, principalmente a manos de los agentes estatales y de quienes están vinculados a ellos. Estas graves violaciones son sistemáticas, responden a un patrón y su impunidad está generalizada". Concluye como sigue: "Dada la historia del país, el peligro de que se comenta crimen de genocidio es de plena actualidad."

El 10 de octubre de 2016, el Gobierno burundés también anunció que "tras la complicidad de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Burundi (OACDH) en la redacción del engañoso y controvertido informe de la llamada Investigación Independiente de las Naciones Unidas en Burundi (UNIIB)", suspende toda cooperación y colaboración con la OACDH"hasta nueva orden". [5]

Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores, Alain Aimé Nyamitwe, en una carta enviada a todos los embajadores y cónsules generales, declaró personas no gratas a Christof Heyns [6], Pablo De Greiff Colombiano, [7]y Maya Sahli Fadel [8]., las personas expertas comisionadas por las Naciones Unidas y la Unión Africana, sin mencionar las razones de esta decisión. Estos tres expertos fueron los autores del reciente informe de la Investigación Independiente de las Naciones Unidas en Burundi (UNIIB) [9]creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"En menos de una semana, el régimen burundés adoptó tres decisiones que muestran su falta de voluntad por contribuir a lograr una solución política para la mayor crisis que afecta el país desde la decisión del presidente Nkurunziza en abril de 2015 de permanecer en el poder."

Drissa Traoré, vicepresidente de la FIDH

El 14 de abril de 2016, tras el regreso de la misión de investigación de Burundi y en el preámbulo de un próximo informe, la FIDH e ITEKA advirtieron que la respuesta de la ONU sobre la represión del Gobierno de carácter genocida debía ser firme. Desde entonces, la situación ha seguido deteriorándose, a pesar de las numerosas advertencias de las organizaciones y de las decisiones adoptadas por la comunidad internacional en Burundi.

El 29 de julio de 2016 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de una resolución que autorice el despliegue de un elemento de policía internacional [10].durante un periodo de un año. Las autoridades reaccionaron inmediatamente, indicando que "el Gobierno de Burundi rechaza[ba] toda disposición de la resolución relacionada con el envío de cualquier fuerza a su territorio". [11] El despliegue efectivo de una fuerza de este tipo es hoy más necesario que nunca.

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