Se recibe con fatalismo la advertencia de que Burundi se precipita hacia el genocidio

13/02/2017
En campo
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Dimitris Christopoulos
Grecia
Presidente FIDH

No soy generoso en el uso del término “genocidio” en mi discurso público y hay numerosas razones para ello. Hoy muchas naciones seguirán encontrando páginas oscuras en la historia de otras naciones —principalmente las vecinas—, que están dispuestas a calificar de genocidio.

Buen número de historiadores, representantes de la sociedad civil y activistas de derechos humanos también pueden abusar del término. Además, un genocidio en el pasado puede ser la excusa por excelencia para legitimar crímenes actuales perpetrados por las anteriores víctimas. La victimización siempre ha proporcionado una plataforma para la violencia futura contra quienes podría pensarse que constituyen un enemigo ideal.

Las personas llegarían hasta cometer los crímenes más atroces en su convicción de que, al hacerlo, se están defendiendo de crímenes igualmente atroces (o aún peores) que los que sus víctimas cometerán en el futuro, a menos que se les impida hacerlo. Así, los genocidios adquieren un carácter “preventivo”: “Les exterminamos antes de que ustedes nos exterminen”.

El término “genocidio” se generalizó después de la II Guerra Mundial y desde entonces ha colonizado el pasado, contribuyendo en parte a la gran complejidad y confusión actuales. Muchas “masacres” de los años veinte se convirtieron posteriormente en “genocidios” durante los años setenta. Los descendientes nacionales de estos eventos no están muy dispuestos a aceptar la idea de que la narrativa de creación de su nación se funda, entre otros factores, en la extrema violencia.

Dicho esto, es evidente que se han cometido genocidios en el pasado y que se cometerán genocidios en el futuro, a menos que lo impidamos. Que sospechemos del abuso del término “genocidio” no significa que neguemos el genocidio, sino que significa que realizamos una reflexión crítica sobre los diferentes discursos de conveniencia de los Estados. Esta es la razón por la que resulta tan difícil lograr un equilibrio entre un discurso basado en la omnipresencia del genocidio y la negación del mismo.

Entonces, ¿qué ocurre si en un país se lleva a cabo una investigación y esta concluye que existe un riesgo de genocidio? Un aumento de la tensión política, violaciones masivas de los derechos humanos, actuación delictiva de las autoridades estatales, asesinatos por parte de milicias paraestatales y etnización de las divisiones políticas. ¿Qué ocurre cuando el enemigo interno deja de ser un disidente político aislado y pasa a ser toda una etnia a la que se amenaza por ello?

¿Qué ocurre cuando las autoridades estatales piden a los funcionarios del Gobierno revelar su origen étnico? ¿Qué ocurre en un país que se encierra en sí mismo, en una economía ya devastada donde enfermedades como la malaria producen estragos en la mitad de la población? ¿Una nación que, cuando mira su historia, ve una guerra civil extremadamente violenta que causó la muerte de 300 000 personas, de una población total de 10 millones? Es el caso de Burundi.

Entonces, hay dos alternativas. La primera es que cada uno se tranquilice a sí mismo pensando simplemente que “así es la vida” y se duerma en paz. Se puede no perder de vista el problema, aunque no le preocupará demasiado, al fin y al cabo, el mundo está lleno de conflictos. ¿Por qué Burundi? Esta es la estrategia del “espere y vea”. Cuando la peor de las hipótesis empieza a hacerse realidad nos movilizamos, pero ya es demasiado tarde, el mal ya está arraigado.

La otra opción es tomar conciencia para impedir que se haga realidad la peor de las hipótesis: el genocidio. Esto es lo que hizo la Federación Internacional de Derechos Humanos con la publicación de su último informe sobre Burundi titulado Burundi: Represión y dinámicas de genocidio y al lanzar la campaña “Stop this movie” en las redes sociales.

Cuando estábamos a punto de lanzar esta campaña y de presentar nuestro informe, mi principal preocupación, como presidente de la Federación, era armarnos para responder a la posible acusación por parte de nuestros interlocutores en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos de las Naciones Unidas, de que estábamos lanzando una falsa alarma. Sin embargo, para mi sorpresa, no fue esta su reacción. Nadie nos dijo “ustedes están equivocados” o “ustedes están llevando las cosas demasiado lejos”. El mensaje fue: “Sabemos que las cosas van de mal en peor, sabemos que es posible que se haga realidad la peor de las hipótesis; sin embargo, la división política en el seno del Consejo de Seguridad y el inmovilismo de la Unión Africana no nos permiten tomar medida alguna”.

Desafiamos este mensaje fatalista. En Burundi, las más altas esferas del poder están dispuestas a emplear todos los medios posibles para ejecutar su plan político destinado a destruir los avances realizados gracias a los Acuerdos de Arusha, incluso instrumentalizando el antagonismo étnico y provocando en la población temor, desconfianza y resentimiento.

¿Está dispuesta la población a ceder ante esta manipulación? La respuesta sigue siendo incierta. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el aparato estatal persigue este objetivo sin descanso y, a medida que transcurren los días, el país se encierra cada vez más en sí mismo y su(s) líder(es) tratan únicamente de ganar tiempo en sus relaciones con el mundo exterior. Debemos admitir que han demostrado una gran habilidad para ello.

En Burundi ya no estamos ante la política africana de siempre. El tamaño y la aparente insignificancia del país en las relaciones internacionales han hecho que hasta hoy haya sido muy fácil para el presidente aplicar políticas represivas.

Por otra parte, debido a su modesto tamaño e importancia, Burundi no es un país por el que los países tradicionalmente no intervencionistas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estén dispuestos a correr el riesgo de veto de una resolución ejerciendo con ello una importante presión sobre sus autoridades.
Por último, cuanto antes actuemos, menos tendremos que actuar. La otra hipótesis —actuar después de que se haya producido el daño—, es siempre más dolorosa, especialmente para quienes defienden la soberanía del Estado. Lo crean o no, formo parte de esas personas. Sin embargo, la defensa de la soberanía del Estado no es incondicional.

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