Ola de ejecuciones: las autoridades iranís ejecutan a un gran número de prisioneros sunís en un solo día

03/08/2016
Comunicado
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París (3 de agosto de 2016) - La FIDH y su organización miembro iraní, la Liga de Defensa de los Derechos Humanos en Irán (LDDHI), condenan enérgicamente las numerosas ejecuciones de prisioneros sunís en Irán realizadas el 2 de agosto. Se presume que fueron ejecutadas alrededor de 21 personas, aunque las autoridades no han proporcionado ninguna cifra oficial y únicamente han informado de la ejecución de "convictos pertenecientes a un grupo terrorista".

4 de agosto de 2016 - Actualización: Después de la publicación de este comunicado de prensa, el fiscal general de Irán confirmó la ejecución de 20 personas el 2 de agosto.

"La comunidad internacional no puede continuar ignorando las graves violaciones del derecho internacional cometidas por las autoridades iranís. La ejecución de un gran número de prisioneros kurdos sunís, basada en ‘confesiones’ forzadas y procesos injustos, es una afrenta a las normas más básicas en materia de derechos humanos."

Karim Lahidji, presidente de la FIDH

El lunes 1 de agosto, varios guardias especiales irrumpieron en el pabellón 10 de la prisión de Rajaishahr, al noroeste de la ciudad de Karaj, y llevaron a 36 sentenciados a muerte a celdas en régimen de aislamiento. Las condenas de muerte de 29 de estos prisioneros, de los cuales al menos uno era menor de 18 años en el momento de su detención, fueron confirmadas y al parecer transmitidas a la Oficina de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial. Los otros siete prisioneros aún esperan el resultado de las apelaciones contra su sentencia de muerte.

El mismo lunes 1 de agosto, se solicitó a los familiares de 21 de los prisioneros que se presentaran al día siguiente en la prisión para visitar a sus familiares por última vez antes de cumplir su sentencia a la pena de muerte. Sin embargo, mientras se dirigían a la prisión, algunos miembros de las familias recibieron llamadas informándoles que debían recoger los cuerpos de sus familiares en un centro de medicina forense. El 3 de agosto, el Ministerio de Inteligencia publicó un comunicado del que se infiere que los 29 prisioneros cuyas condenas a la pena capital fueron confirmadas serían ejecutados lo antes posible, si ya lo habían sido ya, y que pronto podría haber más ejecuciones en grupo.

Se cree que estos 36 prisioneros fueron detenidos entre los años 2009 y 2010, acusados de "participación en acciones contra de la seguridad nacional", "difusión de propaganda contra el Estado", "pertenencia a grupos salafistas", "corrupción en la tierra y moharebeh [1]" y fueron acusados de pertenencia a grupos armados, enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad y asesinato de clérigos sunís. Los informes indican que pasaron largos períodos de reclusión preventiva en régimen de aislamiento, fueron torturados o maltratados y obligados a "confesar". Todos ellos se retractaron posteriormente de sus "confesiones", afirmando que fueron obtenidas bajo tortura. Rechazaron cualquier vínculo con actividades violentas o armadas y los prisioneros afirmaron que fueron detenidos por sus convicciones religiosas, por organizar y participar en reuniones de índole religiosa y por distribuir material del mismo tipo. No obstante, fueron condenados a muerte tras juicios flagrantemente injustos que no tomaron en consideración las salvaguardas relativas al debido proceso y las normas internacionales sobre juicios justos.

Los 21 prisioneros, cuyas ejecuciones fueron confirmadas por sus familias o fuentes cercanas a ellas, eran miembros de la comunidad kurda, que es objeto de discriminación sistemática y a la cual se le han retirado derechos políticos y culturales desde hace varias décadas. La mayoría de kurdos son musulmanes sunís, quienes además sufren discriminación religiosa tanto en la ley como en la práctica en Irán. Los kurdos de este país también son condenados de forma desproporcionada a pena de muerte, ya sea por "delitos" religiosos o actividades políticas.

Con las ejecuciones del 2 de agosto, el número total de víctimas de la pena de muerte en Irán en 2016 alcanza casi las 300. Según las organizaciones de derechos humanos, la República Islámica de Irán ejecutó a alrededor de 977 personas.

Nuestras organizaciones hacen un llamamiento a la comunidad internacional, en especial a los Estados que mantienen relaciones económicas y políticas con Irán, para que:

• Tomen medidas de inmediato a fin de evitar la ejecución del resto de prisioneros antes de que sea demasiado tarde; y
• Sitúen estas graves violaciones de los derechos humanos en el primer plano de sus negociaciones con las autoridades iranís y las insten a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Irán ratificó hace más de cuarenta años.

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