A raíz de los asesinatos de activistas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce el papel esencial de las defensoras y defensores de los derechos económicos, sociales y culturales

24/03/2016
Comunicado
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(Ginebra) Algunos días antes de los asesinatos de los activistas por los derechos a la tierra y ambientales Berta Cáceres y Nelson García, en Honduras, y del líder indígena Walter Manfredo Méndez Barrios, en Guatemala, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una enérgica resolución sobre las defensoras y defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, en la que reafirma el legítimo papel de su trabajo, su necesidad de protección y la obligación de los Estados en esta materia. Asimismo condena cualquier ataque contra las defensoras y defensores de los derechos humanos y la impunidad generalizada existente en un contexto mundial donde el cada vez hay menos espacio para la sociedad civil.

En esta sociedad globalizada, es cada vez más evidente que la presión sobre la tierra es insoportable y que la movilización por el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo. En demasiadas ocasiones los Estados negocian inversiones y acuerdos comerciales sin tener en cuenta las necesidades y la voluntad de comunidades enteras, pisoteando así sus derechos.

Además, los agentes privados, especialmente las empresas nacionales y transnacionales, tanto en el propio territorio como en el extranjero, contribuyen a vulnerar los derechos humanos, al poner en marcha, por ejemplo, centrales hidroeléctricas o proyectos de minería sin celebrar consultas para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, en especial cuando se trata de pueblos indígenas. Además, en la mayoría de los lugares se ataca o asesina con una impunidad casi total a quienes defienden a las comunidades de estos proyectos de desarrollo. Habitualmente se les acusa de "criminales", "traidores", "terroristas" o "enemigos del desarrollo". En gran medida el acceso a la justicia sigue siendo una mera ilusión para las víctimas.

En un informe publicado en 2014, la FIDH y la OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, puso de manifiesto la lucha diaria de las defensoras y defensores de los derechos a la tierra en todas las regiones del mundo, siendo Asia y Latinoamérica las más afectadas. Las defensoras y defensores de los derechos sobre la tierra se ven confrontados a grandes poderes económicos que apoyan un desarrollo desenfrenado, en un ambiente muy hostil y en una lucha extremamente desigual. De hecho, las comunidades afectadas y sus activistas a menudo viven en áreas rurales remotas, lejos de los agentes de protección que podrían garantizar su integridad personal y ayudarlos a buscar justicia. Todos estos factores facilitan que se cometan actos de violencia generalizada contra ellos, con un nivel de violencia proporcional a los inmensos beneficios.

La resolución de hoy se aprobó a pesar de los intentos de un grupo de países encabezado por Rusia, Egipto, China, Cuba y Pakistán para bloquearla proponiendo numerosas modificaciones contrarias a su espíritu y a su propósito. Estas modificaciones hostiles reflejan la posición adoptada por los mismos Estados en la votación realizada el pasado diciembre sobre la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en material de protección de las defensoras y defensores de derechos humanos. Esta vez han adoptado la misma posición en el Consejo de Derechos Humanos, lo que pone de manifiesto la voluntad de estos Estados de reprimir a la sociedad civil independiente tanto a escala nacional como internacional, así como el hecho de que no garantizan la protección de las defensoras y defensores ante los ataques.
Sobre la base de esta importante resolución la comunidad internacional —incluyendo Estados, organizaciones regionales, empresas, instituciones financieras internacionales, agentes de desarrollo y otros agentes económicos— deberían reconocer de manera inequívoca el papel de las defensoras y defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, en concreto de quienes defienden los derechos sobre la tierra y ambientales y de quienes trabajan para proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Los derechos humanos y sus garantes deberían estar, de una vez por todas, en el centro de las agendas de desarrollo, comercio e inversión, para lograr una gobernanza internacional (EN) realmente abierta, justa y democrática.

Sigue al Observatorio en Twitter: https://twitter.com/OBS_defenders

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