Retroceso: La pena de muerte en el sudeste asiático

10/10/2016
Informe
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(París) Durante el pasado año los países del sudeste asiático han sido testigos de un notable retroceso respecto a la abolición de la pena de muerte, afirma la FIDH en un nuevo informe publicado hoy con motivo del 14º Día Mundial Contra la Pena de Muerte.

El informe, "Going backwards: The death penalty in Southeast Asia" (EN) [Retroceso: La pena de muerte en el sudeste asiático], proporciona informa actualizada sobre la situación de la pena de muerte en la región desde la última celebración de este día mundial. También ofrece importantes recomendaciones a los gobiernos de la región con vistas a realizar avances auténticos y tangibles hacia la abolición de la pena de muerte para todos los delitos.

"Demasiados gobiernos del sudeste asiático carecen de visión y de voluntad política para eliminar la pena de muerte, una práctica bárbara que no tiene cabida en el mundo actual. Es indispensable que todos los países retencionistas de la región declaren de inmediato una moratoria oficial de todas las ejecuciones como un primer paso hacia la abolición total de la pena capital."

Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH.

Desde octubre de 2015, Indonesia, Malasia y Singapur han llevado a cabo ejecuciones. Se desconoce si se ha llevado a cabo alguna ejecución en Viet Nam, donde las estadísticas de la pena de muerte siguen clasificadas como secreto de Estado.

Con el pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, rápidamente se ha convertido en el máximo verdugo del sudeste asiático. Filipinas, que en la práctica abolió la pena de muerte de muerte para todos los delitos en 2006, está considerando la posibilidad de restaurar la pena capital como parte de la errónea y desastrosa guerra a las drogas del presidente Rodrigo Duterte.

Se ha observado un lento o nulo avance hacia la total abolición de la pena de muerte para todos los delitos en Brunei, Darussalam Birmania/Myanmar, Laos y Tailandia, países que han alcanzado, o están cerca de hacerlo, el estatuto de países abolicionistas de hecho.

Entre los países retencionistas del sudeste asiático, se sigue imponiendo un número desproporcionado de condenas a pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y que continúan imponiendo la pena capital por delitos relacionados con las drogas están incumpliendo sus propias obligaciones jurídicas internacionales. El artículo 6 del PIDCP reserva la pena de muerte únicamente para los "delitos más graves", una categoría que la jurisprudencia internacional ha declarado en reiteradas ocasiones que no incluye a los delitos relacionados con las drogas.

En muchos países del sudeste asiático, los gobiernos mantienen un alto grado de secretismo en relación a la información sobre el uso de la pena de muerte. Esta práctica es contraria a las normas internacionales en vigor sobre la pena de muerte. La jurisprudencia de la ONU considera que la falta de transparencia en las solicitudes y la imposición de la pena de muerte pueden constituir trato o pena inhumana degradante en virtud del artículo 7 del PIDCP y del artículo 1 de la Convención contra la Tortura (CAT). Asimismo dicho secretismo contraviene el derecho público a la información en virtud de los artículos 14 y 19 del PIDCP.

La negación al derecho a un juicio justo y a las garantías procesales constituye también motivo de gran preocupación en relación con los procesos de casos de pena de muerte. En julio de 2016, varios reclusos que se enfrentaban al pelotón de fusilamiento en la última serie de ejecuciones en Indonesia supuestamente habían sido condenados a partir de confesiones obtenidas mediante tortura.

La celebración del 14º Día Mundial Contra la Pena de Muerte pretende sensibilizar sobre la aplicación de la pena de muerte en casos relacionados con delitos de terrorismo. Todos los países del sudeste asiático mantienen la pena de muerte para cargos de terrorismo. Sin embargo, la aplicación de estas leyes es objeto de abuso y de aplicación arbitrarias debido a que los gobiernos definen estos delitos en términos muy amplios y vagos. Además, muchos supuestos actos de terrorismo no alcanzan la categoría de "los delitos más graves".

"El pretexto de utilizar la pena de muerte en la lucha contra las drogas o el terrorismo es simplemente un parche para unos gobiernos deseosos de mostrar que su mano dura con la delincuencia. La realidad es que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio sobre la comisión de delitos, especialmente sobre aquellos relacionados con las drogas o supuestos actos de terrorismo."

Florence Bellivier, Secretario general adjunto de la FIDH

La FIDH, como miembro de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (CMPM), reitera su más absoluta oposición a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias.

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